Responsabilidad penal en Caso Tsunami

Responsabilidad penal en Caso Tsunami

Sepa cómo los afectados del tsunami viven el juicio en contra de los responsables de no alertar a la población de este evento que afectó a las costas de la Región Maulina y el centro sur de Chile.

Durante estos días, el Ministerio Público ha escuchado los argumentos que los abogados defensores de los 8 imputados y que la Fiscalía ha expuesto  acerca de las responsabilidades en  la desinformación ciudadana durante la madrugada del terremoto del 27 F, y conocido como “caso tsunami”.

La ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia – ONEMI – Carmen Fernández, y el Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, encabezan la lista de estos imputados, dentro de la que también están personeros técnicos del servicio, a quienes se les inculpa por difundir información errónea a través de los medios de comunicación, durante las horas posteriores al terremoto, avisando a la comunidad que no habría tsunami en las costas de Chile.

Dos años después, las autoridades políticas y técnicas de esta institución enfrentan a la justicia. Lapso de tiempo que para algunas personas de Constitución, una de las comunas costeras más afectadas por esta catástrofe, ha sido una larga agonía en busca de los responsables de esta desinformación.

DAMNIFICADOS EN CONSTITUCIÓN “LA JUSTICIA TARDA PERO LLEGA”

Dina Velozo Garrido es la tesorera del campamento Puertas Verdes, ubicado en el sector de La Poza, el que fue arrasado por la fuerza del tsunami del 27 F. Acaba de tener un bebé, y mientras apela a que las autoridades les entreguen una vivienda digna, sostiene que esa madrugada arrancaron al cerro junto a sus vecinos, de lo contrario no habrían vivido para contar la historia.

“Lo que siempre pedimos todos acá es que se haga justicia y se llegue a las últimas consecuencias, porque si las autoridades de aquel entonces hubiesen dado la alerta de tsunami y no la habrían bajado al rato después, no habrían muerto ni desaparecido tantas personas en nuestras costas (…) Nosotros después del terremoto nos fuimos al cerro junto a toda la gente. Perdimos nuestra casa y todo, pero estamos vivos. Y eso es lo más importante”.

Para la también dirigente de Puertas Verdes de Constitución, Darzy Ruíz “la justicia tarda pero llega, pues estas autoridades que hoy se encuentran imputadas deberían haber dado aviso oportuno acerca del tsunami, y no levantar la alerta”.

Darzy agrega que la madrugada de la catástrofe natural “apenas sucedió el terremoto, toda la gente empezó a arrancar hacia los cerros, aún cuando nos decían que se había levantado la alerta de tsunami. Decidimos quedarnos en lugares altos, o sino no estaríamos contándolo ahora”.

“RESPONSABILIDADES POLÍTICAS”

Para el abogado Andrés Sepúlveda, la imputación de Carmen Fernández y de Patricio Rosende, junto a  sus asesores técnicos “tiene relación con una búsqueda de respuestas legítimas por parte de la ciudadanía, las que no necesariamente se entregarán en un juicio como éste”.

Sepúlveda, que se ha hecho famoso por defender a las víctimas del bullado caso de delito económico de la multitienda “La Polar”, agregó que “hay negligencias en la reacción de los organismos la madrugada del tsunami, pero a mi juicio se está tratando de responsabilizar penalmente a ciertas personas, ex funcionarios del gobierno anterior, por esta vía procesal, en una responsabilidad que es esencialmente política”.

El abogado agrega que los imputados “arriesgan penas de reclusión o relegación menores en sus grados de mínimos a medios, lo que implica penas de 61 días a 3 años, y que se podría agravar si se comprobara una reiteración del delito”.

“ES EXAGERADO HABLAR DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA LOS IMPUTADOS”

Héctor Muñoz Díaz, abogado del estudio jurídico “Estrategia Abogados” de la capital maulina, sostuvo que en esta audiencia “se está poniendo en conocimiento a los imputados de los cargos por los que se le formalizan, que son el de cuasi delito de homicidio. Esto quiere decir, que la Fiscalía iniciará un proceso de investigación con el conocimiento de los investigados y la autorización del juez de garantía, y que por la amplitud del tema podría extenderse hasta un año”.

Respecto a una eventual prisión preventiva para los imputados, Muñoz agregó que “es casi imposible y exagerado, porque eso se realiza cuando hay posibilidad de fuga o si existe un riesgo para la sociedad en dejarlos libres, lo que es poco probable, pues son personas investigadas por su responsabilidad en el momento de ejercer cargos de gobierno, y el mínimo riesgo que alguna vez representaron hoy no lo hacen”.

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